El "Programa de Reparación Histórica" que anunció el presidente contempla actualizaciones de un 45% y el saldo de deudas judicializadas. El gobierno piensa implementarlo este año pero hay aspectos sujetos a la negociación parlamentaria.
El presidente de la Nación Mauricio Macri anunció este viernes la remisión al Congreso del proyecto de ley del "Programa de Reparación Histórica", que consiste en el pago de juicios a jubilados que reclamaron la corrección de sus haberes a la Anses, así como de la actualización de las jubilaciones en un 45%, y que abarca un universo de 2,2 millones de trabajadores pasivos.
El plan del gobierno nacional incluye resolver pronto la aprobación legislativa en ambas cámaras del Congreso de la Nación para empezar a implementar el programa en el año en curso, en los próximos meses. Sin embargo, en la oposición ya surgieron dudas y rechazos a las formas de financiación de los pagos, por lo que la efectivización del abono a los jubilados puede quedar sujeta a la discusión parlamentaria entre el oficialismo y los distintos bloques opositores.
El reciente acuerdo de Macri con los gobernadores por la coparticipación lo dejó confiado en al menos obtener una parte de los senadores que le facilite la mayoría simple en la Cámara alta. Pero el principal escollo para Macri se encuentra en Diputados, donde abundan especialistas previsionales con más dudas que certezas y el oficialismo tiene el terreno más áspero para la negociación, como ya se vio en otros proyectos como el de la ley antidespidos. El texto entraría por el Senado para que tenga dictamen el próximo 8 de junio y se trate en sesión el 15.
El Programa
De concretarse el plan lo más cercano posible a las expectativas de la Casa Rosada, el curso del Programa se daría de la siguiente manera. Los jubilados que acepten el plan de pago de deudas recibirían una mejora en los haberes mensuales que rondaría, en promedio, el 45%. Cada persona que adhiera al programa deberá firmar un acuerdo con la Anses que será homologado por el Poder Judicial.
Más allá de la actualización del ingreso mensual, se contempla un mecanismo de pago de los retroactivos, aunque no para todos. Hay tres grupos de personas. El primero es el integrado por quienes tienen sentencia firme. En este caso, el 50% de la deuda por los montos retroactivos se cancelaría en efectivo y el otro 50% en 12 cuotas trimestrales. Hoy la Anses tiene pendientes de pago 40.000 sentencias y se estima que próximamente se sumarán unas 30.000 más.
Para quienes tienen una demanda en trámite -unas 300.000 personas-, la propuesta también implicará un pago en efectivo por la mitad de la deuda y 12 cuotas trimestrales para saldar el otro 50%. En este caso, habría un tope de pago de retroactivos: hasta cuatro años hacia atrás.
Un tercer grupo es el de jubilados que no hicieron juicio, pero que cobran menos de lo que les correspondería si se respetaran los fallos de la Corte. En estos casos, se ajustaría el haber mensual, pero no habría pago de retroactivos. Según datos de la Anses, este grupo es la mayoría: alrededor de 1,8 millones de pasivos. Si aceptan la recomposición de su ingreso mensual, deberían comprometerse a no iniciar un juicio, precisó La Nación.
El financiamiento, el problema
Hasta el momento, los únicos reparos que legisladores opositores pusieron al proyecto oficialista se enmarcan en algunas partes del financiamiento del Programa. De hecho, desde el Frente para la Victoria, el massismo y el peronismo de Diego Bossio ya anticiparon que acompañarán la medida en general, pero que no están dispuestos a vender acciones de la Anses para solventar los pagos.
Según cálculos oficiales, el plan costaría unos $75.000 millones hacia el segundo año de su implementación. Habría una cifra creciente de recursos necesarios a medida que más personas adhieran. Los números que hacen en la Anses indican que los pagos podrían hacerse, al menos en una primera etapa, con el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) del sistema previsional. El saldo hoy acumulado es de unos $770.000 millones y las utilidades líquidas suman entre 70.000 y 90.000 millones de pesos al año.
El recelo opositor radica en que el proyecto contempla la posibilidad de que se vendan acciones que están en el fondo, como parte de la participación de la Anses en diversas empresas, para lo cual será necesario modificar una ley que lo impide y sortear el anticipado rechazo opositor a este inciso.
Por ejemplo, el ex ministro de Economía y diputado kirchnerista Axel Kicillof advirtió que la eventual venta de acciones "descapitaliza a los propios jubilados" y solicitó que se analice "la posibilidad de buscar una alternativa para pagar". También Diego Bossio, del bloque Justicialista y ex titular de la Anses, afirmó que "voy a votar en contra de vender las acciones en empresas. Son el mejor activo de Anses".
Las compañías privadas donde mayor inversión en Acciones tiene el FGS son Banco Macro ($14.472 millones); Telecom Argentina ($11.090 millones); Siderar ($10.143millones); banco Galici ($9.578 millones), y Molinos Ríos de La Plata ($4.118 millones).
Blanqueo de capitales
El otro flujo de fondos para el Programa que genera polémica es el que proveería el plan de blanqueo de capitales, que el macrismo incluiría dentro del mismo proyecto de ley de "Reparación Histórica". El regreso al país de fondos no declarados en el exterior -gran parte en paraísos fiscales- fue fuertemente resistido por el actual oficialismo cuando era oposición al kirchnerismo, así como ahora en el FpV se preparan para frenar la iniciativa de Macri.
El kirchernismo ya complicó la estrategia oficialista presiona por conocer el origen de los fondos blanqueados. “Para las personas jurídicas entendemos que la creación de una Comisión Bicameral de fiscalización en colaboración con la AFIP y la UIF sería un buen instrumento para controlar qué capitales ingresan, su origen y procedencia”, propuso el jefe de diputados nacionales Héctor Recalde. El margen para esconder plata en negro sería mínimo y blanquearla a bajo costo, consignó La Política Online, puede ser buen negocio, pero no sin quedar en la mira del Congreso por posible complicidad con delitos internacionales
Fuente: INFORME DIGITAL
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